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Jóvenes y salud mental: necesidades de apoyo y retos pendientes en la aplicación de la Ley 8/2021

Una mujer con el pelo largo, rizado y de color castaño rojizo sonríe mientras está sentada en una mesa de reuniones junto a unos micrófonos y unas botellas de agua. Jóvenes y salud mental: necesidades de apoyo y retos pendientes en la aplicación de la Ley 8/2021

‘Haz match con tu salud mental’. Con este sugestivo título SALUD MENTAL ESPAÑA se ha dirigido de forma directa a las personas jóvenes en el Día Mundial de la Salud Mental 2026. Y lo ha hecho con su propio lenguaje, porque los cambios necesarios para atender de verdad a la salud mental de este sector de la población no se pueden materializar sin mirar hacia su mismo horizonte. Sin embargo, ese horizonte no acaba de estar definido en una sociedad en la que las posibilidades de emancipación real chocan con las previsiones legales. La Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, sitúa en la mayoría de edad el momento en el que la persona, salvo excepciones, «puede realizar todos los actos de la vida civil» (artículo 246) y plantea una reforma que, como señala la profesora Mª Teresa Álvarez Moreno, no completa las reglas de ejercicio de la capacidad, cuyas alusiones o manifestaciones en materia de menores están dispersas por el articulado tanto del Código Civil, como de las normas especiales. No hay una regla general, como hubiera sido deseable, y esto contribuye a abrir un poco más la brecha con la realidad en la que la norma se implementa.

Según datos publicados por la OMS, quienes cuentan entre 10 y 19 años pueden ser más vulnerables a los problemas de salud mental, al enfrentar cambios físicos, emocionales y sociales, como la exposición a la pobreza, al maltrato y a la violencia. Pero más allá de estos condicionantes, hay otros tal vez menos evidentes, aunque no por eso menos peligrosos para la salud, que respiramos sin darnos cuenta y que, pese a no acabar de oler bien, hemos normalizado como parte de la existencia.

Las personas jóvenes se abren a la vida en una sociedad cada vez más individualista y ensimismada en el consumismo digital, y a la que le cuesta poner la atención en las tripas de sus dolencias. Los medios de comunicación, en especial las redes sociales, contribuyen a esa dispersión que nos hace más vulnerables promoviendo listones perversos sujetos a la tiranía de los followers y los likes. Paradójicamente, la aparente apertura al mundo que ofrece esta interconexión no parece contribuir al progreso personal, entendido este en términos de bienestar físico, mental o social. Más bien al contrario, se genera y promueve una exposición continuada a «productos vitales» de consumo fácil e inmediato diseñados para alimentar de manera ficticia las aspiraciones de las personas jóvenes, más que a la construcción de «proyectos vitales» a los que de verdad puedan acceder.

En este contexto, el sufrimiento psíquico se ha privatizado y, sin herramientas para ello, sitúa a la persona al frente de la “gestión” sobre las emociones generadas por los propios sistemas responsables de sus malestares. Estos procesos tienen el mismo efecto que una pescadilla que se muerde la cola. Si se personaliza la responsabilidad sobre lo colectivo, se está eximiendo de la suya a quienes tienen la obligación de garantizar los derechos de la ciudadanía y el buen funcionamiento de la cosa pública. De este modo, sentimientos como la culpa o la impotencia por no cumplir con los estándares de una “normalidad” cada vez más inaccesible, y la mayoría de las veces ligada a la productividad, ocupan el espacio de las acciones planificadas que deberían impulsarse desde las distintas Administraciones públicas para abordar los problemas sociales.

Hay datos preocupantes que deberían situar a las personas jóvenes en el foco de nuestra atención como sociedad y, principalmente, en el de las políticas públicas. Si acercamos la lente a nuestro país, nos encontramos con un notable aumento de las conductas suicidas entre 2022 y 2024, registrando en ese último año la cifra más alta: 90 menores de 20 años se quitaron la vida (14 más que el año anterior) y 120 de edades comprendidas entre los 20 y 24 años (INE, 2025). ¿Qué está pasando? La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA en su informe ‘La atención a la salud mental infanto-juvenil: investigación aplicada para el diagnóstico y la formulación de propuestas desde las entidades de la red SALUD MENTAL ESPAÑA’  destaca entre sus conclusiones que las vidas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes «están atravesadas por una variada gama de problemáticas de índole social, cultural y económica que, durante el último tiempo y en especial a partir de la experiencia de la pandemia mundial del COVID-19, han exacerbado los problemas de salud mental, multiplicando los diagnósticos y los casos sin diagnosticar». Es decir, las personas jóvenes no transitan por la vida «al vacío» y, por tanto, en su sufrimiento psíquico intervienen componentes que tienen su origen en las estructuras sociales y requieren un enfoque multidisciplinar.

Sara Villodre, presidenta del Consejo de la Juventud de España (CJE), afirmó en el Acto Conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental 2026, organizado por SALUD MENTAL ESPAÑA, que la realidad de muchas personas jóvenes viene dada por la sensación de que el derecho a construir un proyecto de vida estable les ha sido arrebatado y que la incertidumbre es algo que se presenta como inherente a su condición. Villodre ha destacado que «solamente un 14,9% de las personas jóvenes en España tiene la capacidad de desarrollar ese proyecto de vida» y ha puesto el foco en uno de esos condicionantes peligrosos para la salud que respiramos sin darnos cuenta: «Hay mucha gente que atraviesa toda la juventud y, cuando termina de ser joven, no se ha emancipado» y esta precariedad desemboca en problemas de salud mental por la frustración y la falta de control sobre la propia vida.

Además de estas dificultades de emancipación real, hay otro problema. Durante mucho tiempo se han ignorado, desatendido o minimizado los problemas de salud mental de las personas menores, a pesar del consenso científico en torno a que más de la mitad de los problemas de salud mental de la población surgen en la infancia. Las consecuencias de que, a pesar de todo, no se ponga el foco en la salud mental de niños, niñas y adolescentes, la ausencia de diagnóstico y tratamiento de sus problemas de salud mental en esas etapas de la vida condiciona seriamente su futuro cuando llegan a esa mayoría de edad en la que la ley les otorga la posibilidad de «realizar todos los actos de la vida civil» y lleva consigo la disminución de sus oportunidades educativas, vocacionales y profesionales. Ni que decir tiene que el hecho de que algunos terminen en centros de menores o, directamente, en prisión supone un fracaso colectivo que se traduce en la traslación de las carencias del sistema sociosanitario al sistema judicial.

Si bien no se puede obviar la disonancia entre la realidad y el concepto de emancipación al que la Ley 8/2021 se refiere, esto no puede llevar a concluir que sea una norma irrelevante a la hora de abordar estas cuestiones. Al contrario, los poderes públicos tienen la responsabilidad de materializar la idea central del nuevo sistema que, como señala el preámbulo de la propia ley, «es la de apoyo a la persona que lo precise (…) con independencia de si su situación de discapacidad ha obtenido algún reconocimiento administrativo». Este último aspecto es especialmente relevante para las personas con problemas de salud mental que, por las carencias mencionadas, tienen verdaderas dificultades para obtenerlo y si, además, se trata de niños, niñas, adolescentes o jóvenes la garantía de la autonomía e inclusión social se hace aún más difícil. Por ese motivo, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA reivindica en sus informes anuales la imprescindible regulación de la accesibilidad psicosocial como una cuestión de derechos humanos, dado que los derechos que no son accesibles no se pueden ejercer desde el respeto a la autonomía, voluntad y preferencias de la persona que propugna la ley.

En este camino de materialización de sus derechos, las personas jóvenes con problemas de salud mental, mayores o menores de edad, van a requerir una especial atención desde el ámbito público a través, entre otras acciones, de la creación de una red de protección integral y la intervención en un entorno que se revela hostil para ellas. Por tanto, para que esta norma tenga un encaje en sus vidas se han de crear figuras de apoyo y espacios de confianza en los que puedan expresarse y se sientan escuchados. Para que esto ocurra, la reforma normativa impulsada por la ley debe ir de la mano de un cambio profundo en las estructuras sociales y, para ello, es preciso educar las conciencias. La atención a la salud mental ha de ser una cuestión colectiva o no será. Y, en lo que a la población joven se refiere, es, además, una urgencia presente que condiciona el futuro de la propia sociedad que no les está ofreciendo o, directamente, les está privando de las herramientas eficaces para construirlo.

Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA

Fuentes

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