Cinco años de la Ley 8/2021: celebrar el cambio, afrontar el reto de hacerlo realidad

El 3 de mayo se ha consolidado en España como una fecha de referencia para los derechos humanos: el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En 2026, esta conmemoración adquiere una doble dimensión simbólica y política. Por un lado, se cumplen veinte años de la aprobación de la Convención, un tratado internacional que transformó la manera de entender la discapacidad en todo el mundo. Por otro, se cumplen cinco años desde la entrada en vigor en nuestro país de la Ley 8/2021, una de las reformas legislativas más profundas en materia de derechos civiles y procesales de las personas con discapacidad.

Desde el CERMI Estatal, como entidad miembro de la Alianza Apoyo y Autonomía, creemos que esta efeméride es un momento oportuno para hacer balance. Un balance que debe ser honesto: celebrar los avances conseguidos, pero también reconocer los retos pendientes para que los derechos reconocidos en la ley se traduzcan plenamente en la vida cotidiana de las personas.

La Convención supuso un cambio de paradigma. Frente a modelos asistencialistas o paternalistas, proclamó que las personas con discapacidad son sujetos plenos de derechos y titulares de capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás. Este principio, recogido en su artículo 12, obliga a los Estados a reconocer el derecho de todas las personas a tomar decisiones sobre su propia vida y a proporcionar los apoyos necesarios para ejercer esa capacidad jurídica.

Durante años, este mandato supuso un desafío para muchos ordenamientos jurídicos, incluido el español. Nuestro sistema se basaba en gran medida en mecanismos de sustitución en la toma de decisiones, como la incapacitación judicial o la tutela, que privaban a las personas de la posibilidad de decidir por sí mismas. La reforma operada por la Ley 8/2021 marcó un punto de inflexión histórico al sustituir ese modelo por otro basado en el apoyo a la toma de decisiones.

El cambio no es menor. Significa pasar de un sistema que decidía por las personas a otro que reconoce su derecho a decidir, con los apoyos que necesiten. En otras palabras, hay que reconocer que todas las personas, con independencia de sus circunstancias, tienen derecho a ejercer su capacidad jurídica y a desarrollar su propio proyecto de vida.

Como recuerda el propio movimiento asociativo, esta reforma supuso un cambio profundo no solo jurídico, sino también social: pasar de la sustitución en la toma de decisiones a un modelo centrado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona.

Cinco años de la Ley 8/2021

Cinco años después de su entrada en vigor, podemos afirmar que la Ley 8/2021 ha abierto una nueva etapa en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Ha impulsado la revisión de miles de procedimientos judiciales, ha promovido nuevas figuras de apoyo como la curatela asistencial y ha colocado en el centro del sistema jurídico el respeto a la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona.

Además, la reforma ha contribuido a reforzar la idea de que los apoyos no son un mecanismo excepcional, sino una herramienta legítima para que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Porque, en realidad, todas las personas necesitamos apoyos en algún momento de nuestra vida. La diferencia es que ahora el sistema jurídico reconoce esa realidad y la convierte en un principio de igualdad.

Sin embargo, sería un error pensar que la aprobación de la ley significa que el proceso de transformación ya está completo. La experiencia acumulada en estos cinco años demuestra que el verdadero desafío es la aplicación.

La Ley 8/2021 no es únicamente una reforma normativa: es una transformación cultural. Y los cambios culturales requieren tiempo, formación, recursos y compromiso institucional.

Uno de los grandes retos sigue siendo asegurar que todos los operadores jurídicos -jueces, fiscales, notarios, abogados, personal de la administración de justicia- interioricen plenamente el espíritu de la reforma. No se trata solo de aplicar nuevas figuras jurídicas, sino de comprender que el eje del sistema es el respeto a la voluntad de la persona con discapacidad.

También es imprescindible garantizar que las personas cuenten con apoyos adecuados y suficientes para ejercer sus derechos. La ley establece el marco, pero los apoyos deben materializarse en servicios, recursos profesionales y redes comunitarias que permitan hacer efectivos esos derechos en la práctica.

Desde la Alianza Apoyo y Autonomía venimos insistiendo en que la plena aplicación de la ley exige una movilización social amplia. No basta con modificar las normas; es necesario acompañar ese cambio con información, formación y toma de conciencia para que toda la sociedad comprenda y respete el nuevo paradigma.

Además, la experiencia de estos años ha puesto de manifiesto que la reforma del derecho civil debe ir acompañada de cambios en otros ámbitos normativos que todavía mantienen inercias del modelo anterior.

Uno de los campos donde será necesario avanzar es el de la seguridad social. El reconocimiento de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica debe ser compatible con un sistema de prestaciones que no penalice la autonomía ni genere obstáculos a la participación social y económica de las personas con discapacidad.

De igual modo, el ámbito fiscal requiere adaptaciones que reconozcan las nuevas figuras de apoyo y faciliten su funcionamiento. La legislación tributaria debe alinearse con el espíritu de la reforma, eliminando barreras y garantizando que los apoyos puedan desarrollarse sin cargas administrativas o fiscales innecesarias.

Otro reto fundamental es el de la accesibilidad en la justicia. El ejercicio de la capacidad jurídica requiere que las personas puedan comprender los procedimientos, los documentos y las decisiones que les afectan. La accesibilidad cognitiva, la información en lectura fácil y los ajustes de procedimiento no son concesiones, sino garantías imprescindibles para que los derechos sean reales.

Cinco años después de la aprobación de la Ley 8/2021, España puede sentirse orgullosa de haber dado un paso decisivo hacia el cumplimiento de la Convención. Pero también debe asumir que la tarea no está terminada.

El artículo 12 de la Convención no es un objetivo alcanzado de una vez por todas, sino un compromiso permanente con la igualdad, la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad.

Por eso, en este 3 de mayo de 2026, Día Nacional de la Convención en España, queremos reafirmar un mensaje claro: la reforma iniciada en 2021 debe continuar. Debe consolidarse en la práctica judicial, en las políticas públicas y en la cultura social.

Celebramos lo conseguido, porque ha sido fruto de décadas de trabajo del movimiento asociativo y de muchas personas comprometidas con los derechos humanos. Pero también miramos al futuro con determinación.

El verdadero éxito de la Ley 8/2021 no puede medirse solo por su presencia en el BOE, sino por las posibilidades reales de que abra posibilidades de transformar la vida de las personas.

Ese es el reto que tenemos por delante. Y también la responsabilidad colectiva de hacerlo posible.

Gregorio Saravia, Delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU sobre Discapacidad.