Las familias de personas con la capacidad jurídica modificada tienen 3 años más para trámites legales
Plena inclusión España celebra una modificación importante de la Ley 8/2021. Ahora, las familias de personas con capacidad jurídica modificada tendrán 6 años en vez de 3 para realizar los trámites legales necesarios.
Plena inclusión es una organización que reúne a 950 asociaciones en toda España. Estas asociaciones ayudan a 150 mil personas con discapacidad intelectual y a sus familias.
¿Por qué se cambia esta ley?
La modificación de la Ley 8/2021 se ha hecho dentro de la nueva Ley del Derecho de Defensa. Esto facilita que las familias tengan más tiempo y apoyo para entender y gestionar los cambios en la capacidad jurídica de sus familiares con discapacidad.
La Ley Orgánica del Derecho de Defensa asegura que todas las personas en España tengan derecho a recibir ayuda en temas legales.
Aportaciones de Plena inclusión a la nueva ley
Plena inclusión ha trabajado mucho en esta ley. Durante su creación, presentaron ideas importantes para que la ley garantice el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Algunas de estas ideas son:
- La accesibilidad para comprender y participar en los procesos legales.
- La posibilidad de pedir adaptaciones de accesibilidad cognitiva para entender mejor la información.
Cambio en el sistema de apoyo a las personas con discapacidad
La nueva ley significa un cambio importante: se pasa de un sistema en el que alguien decidía por la persona con discapacidad a uno en el que la persona toma sus propias decisiones con apoyo, respetando su voluntad y preferencias.
Observatorio de Jurisprudencia
Para supervisar el cumplimiento de esta ley, Plena inclusión ha creado un Observatorio de Jurisprudencia junto con la Universidad Carlos III y la asociación Liber. Este Observatorio revisa cómo se aplican las leyes en la práctica. Hasta ahora, han analizado 600 sentencias para identificar buenas y malas prácticas en el sistema judicial.
Aquí puedes acceder a los informes elaborado por el observatorio.
La ley establece que todas las sentencias anteriores que nombraban tutores deben revisarse y adaptarse a la nueva normativa en los próximos 3 años. Esto asegurará que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
